Asia Pacífco
CONTEXTO GENERAL
El año pasado fue un año difícil para las defensoras y los defensores de los derechos humanos en Asia. Los derechos consagrados en la Declaración sobre defensores de derechos humanos de la ONU continuaron siendo violados por igual por actores estatales y no estatales. Defensoras y defensores fueron objeto de monitoreo e intimidación por las autoridades en varios países de la región. Se utilizaron leyes de seguridad draconianas para atacar a DDH que trabajan sobre temas considerados controversiales o políticos por las autoridades. En Malasia, la Ordenanza de Emergencia se aplicó de forma arbitraria para detener a DDH asociados a la Coalición por unas Elecciones Claras y Justas. En Vietnam, DDH críticos del gobierno, enfrentaron acusaciones por intentar derrocar al gobierno de conformidad con el artículo 79 del Código Penal, que dispone la pena de muerte. Críticas menos importantes o de temas de índole no político también se trataron con la misma severidad. El profesor Pham Minh Hoang, crítico de las políticas ambientales del gobierno, está actualmente cumpliendo una sentencia a 17 meses de cárcel y quedará bajo arresto domiciliario durante otros tres años tras su liberación. Bangladesh, Camboya, China, Malasia y Tailandia iniciaron procesos de aprobación de nuevas leyes que obstaculizarán aún más la labor de DDH. En Camboya, un proyecto de Ley de Asociaciones y ONGs (LANGO, en inglés) estaba bajo revisión del Consejo de Ministros. El texto ha despertado amplias críticas ya que impone la inscripción obligada y criminaliza a todo grupo que no esté registrado. Asimismo, requiere que las ONGs y las organizaciones comunitarias de base presenten informes financieros regularmente a las autoridades, y de no hacerlo serán consideradas ilegales. En Bangladesh también se está redactando una ley de ONGs que podría ser utilizada para atacar a organizaciones de derechos humanos vitales. De acuerdo con la propuesta actual, las ONGs que reciben fondos del exterior deben obtener aprobación con antelación de la Agencia para Asuntos de ONGs, controlada por el gobierno. Blogueros y activistas en los medios de comunicación, que utilizan Internet para concientizar sobre temas de derechos humanos o sacar a la luz abusos, fueron víctimas de hostigamiento, arrestos y estricta vigilancia en Myanmar, China, Singapur, Tailandia y Vietnam. Los sitios web de organizaciones de derechos humanos fueron bloqueados o hackeados. Paulus Le Van Son, destacado bloguero vietnamita, fue arrestado y permanece detenido sin acceso a su familia ni abogado desde septiembre por escribir sobre derechos humanos. Los conflictos armados en curso en Afganistán, Filipinas, India, Myanmar, Pakistán y el sur de Tailandia, siguieron afectando la seguridad de defensoras y defensores. DDH que trabajan exponiendo los abusos perpetrados por fuerzas de seguridad y grupos militantes se encontraron en situación de gran vulnerabilidad frente a ataques desde ambos lados del conflicto. En estos países, las defensoras y defensores que han documentado ejecuciones extrajudiciales y torturas son etiquetados de agentes de la oposición armada. En Filipinas, los grupos de derechos humanos Linundigan y el Servicio de Salud Comunitaria de Mindanao Norte se vieron obligados a evacuar a su personal por razones de seguridad tras ser tildados por las autoridades de simpatizantes del partido comunista. En la situación de post conflicto de Sri Lanka, DDH siguen siendo etiquetados y vilipendiados como partidarios de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE, en inglés), actualmente inactivo. Sunanda Deshapriya y su familia fueron amenazados de muerte después de haber participado en un evento paralelo a la reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El defensor fue víctima de una campaña de difamación por funcionarios del gobierno y medios de comunicación controlados por el estado, en la que se le tachó de partidario de los LTTE. Asesinatos de sindicalistas y DDH que trabajaban por los derechos de comunidades, pueblos indígenas y contra la corrupción, fueron denunciados en India, Indonesia, Pakistán, Filipinas y Tailandia. En agosto, la señora Shehla Masood, activista por el derecho a la información, fue asesinada a balazos en India por pedir el fin de la corrupción. Thongnak Sawekjinda, líder de una comunidad local de Tailandia, fue asesinado en el mes de agosto por su labor en las factorías de las minas de carbón. En octubre, Petrus W. Ajamiseba y Leo Wangdegau, miembros del Sindicato General de Trabajadores de Indonesia, fueron asesinados a tiros por la policía en Papúa, por liderar una manifestación en demanda de mejores condiciones de trabajo. En el mismo mes, el Padre Fausto Tenorio fue asesinado en Filipinas después de pedir al gobierno local el respeto de los derechos de la comunidad. No se han registrado progresos en las investigaciones de los asesinatos ocurridos en años anteriores. Los responsables de la muerte de Chea Vichea, activista de los derechos de los trabajadores en Camboya, y de Munir Thalib, defensor de los derechos humanos en Indonesia, siguen impunes. La investigación sobre la desaparición forzada de Somchai Neelaphaijit, abogado de derechos humanos tailandés, tampoco avanza, lo que prueba la falta de voluntad política para esclarecer las circunstancias de su desaparición y la identidad de los responsables. Defensoras y defensores de los derechos de personas LGBTI sufren hostigamiento y una fuerte oposición a su labor. En noviembre de 2011, la coalición de defensoras y defensores LGBTI de Malasia, Seksualiti Merdeka, se vio forzada a cancelar su festival por los derechos sexuales después de que la policía prohibiera el acto. Las defensoras y defensores de Asia todavía esperan poder contar con un mecanismo regional de derechos humanos creíble en sus subregiones. La Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos (AICHR, en inglés) de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN en inglés), creada en octubre de 2009, sigue sin operar porque los primeros dos años fueron dedicados a la redacción de la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN. Pese al desencanto por la falta de progresos, muchas defensoras y defensores siguen comprometidos y esperanzados de que la AICHR pueda evolucionar hasta convertirse en un mecanismo de pleno derecho con mandatos de promoción y protección. Afortunadamente, varios gobiernos del Asia del Sur han expresado su interés en la creación de un mecanismo similar.
La libertad otorgada a Aung San Suu Kyi, líder pro democracia bajo arresto domiciliario, en noviembre de 2010 trajo nuevas esperanzas a quienes defienden los derechos humanos en Birmania. Sin embargo, la libertad de expresión, asociación y asamblea continúan severamente recortadas y los/as DDH se enfrentan a largos períodos de detención sin juicio o recursos de acceso a asesoramiento legal independiente en su lucha contra las duras políticas militares instrumentadas.
En Camboya, defensores y defensoras de los derechos humanos, especialmente sindicalistas, activistas del derecho a la tierra y periodistas continúan haciendo oír sus críticas a las políticas de estado, y quienes se manifiestan abiertamente contra la injusticia resultan arrestados, encarcelados e intimidados. El número de DDH que son víctimas de acusaciones penales inventadas ha crecido en el año 2010. Preocupa especialmente el proyecto de ley sobre Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales, presentado en diciembre de 2010 y que aún está pendiente. En caso de ser aprobado, obligaría a la inscripción de todas las ONG antes de que puedan “llevar a cabo cualquier actividad” e impondría pesados requerimientos para la inscripción, y el deber de las organizaciones internacionales de colaborar con el gobierno en la planificación, implementación y evaluación de sus proyectos.
El 2010 fue otro año difícil para los/as DDH en China, aunque el otorgamiento del Nobel de la Paz a Liu Xiaobo significó un impulso significativo para alzar la moral de quienes están comprometidos en la defensa de los derechos humanos. El Estado continuó hostigando e intimidando a abogados y abogadas de derechos humanos, bloguistas, escritores, periodistas, activistas religiosos y quienes hacen campaña a favor de la salud. El caso del abogado de derechos humanos Gao Zhisheng deja a las claras hasta dónde es capaz de llegar el gobierno chino con tal de silenciar a quienes lo critican. Fue visto otra vez y brevemente en marzo de 2012, luego de haber estado desaparecido durante un año a manos de los servicios de seguridad del estado, y denunció haber sido brutalmente torturado. Desapareció nuevamente el 20 de abril de 2010, y desde entonces no se han tenido noticias de él. La ofensiva perpetrada en vísperas del anuncio del Nobel de la Paz no tuvo precedentes. Muchísimos DDH desaparecieron en toda China, o quedaron bajo arresto domiciliario, impedidos de salir del país o bajo una estricta vigilancia. Al momento de escribir estas líneas la esposa de Liu Xiaobo sigue arrestada en su domicilio y sin contacto con el mundo exterior.
En la India, el tamaño y la diversidad del país implican que DDH hagan frente a diferentes riesgos y dificultades en las distintas áreas. En algunas regiones, tales como Jammu y Cachemira y el noreste, se vive una situación más compleja debido al malestar social. El caso del Dr. Binayak Sen, de la oficina regional de Chhattisgarh de la Unión Popular por las libertades civiles (People´s Union for Civil Liberties) fue uno de los casos de más alto perfil. En diciembre de 2010 recibió la sentencia a cadena perpetua, acusado de sedición y conspiración. La dureza de la sentencia refleja la intención del gobierno por demostrar a los/as DDH de todo el país que sus acciones serán castigadas.
Los/as defensores/as siguen corriendo riesgos en Indonesia. La criminalización de los/as DDH a través de procesos infundados, entre ellos mediante el uso de la legislación penal en caso de difamación, siguen siendo utilizada por el Estado como una forma de silenciar las voces críticas. No se registraron mejoras reales en la implementación de mecanismos para la protección de quienes están en riesgo. Los perpetradores de ataques contra DDH, tanto de parte de actores estatales como no estatales, siguen disfrutando de altos niveles de impunidad. En Pakistán, las organizaciones de la sociedad civil y los/as defensores/as de los derechos humanos operan en ambientes muy difíciles. Los/as DDH, jueces y abogados/as, y quienes trabajan en temas relacionados con la religión y la blasfemia corren riesgos especialmente altos. En la provincia de Khyber-Pakhtunkhawa y en las áreas tribales, los talibanes continúan imponiendo restricciones severísimas al movimiento de mujeres y niñas y hacen blanco en quienes trabajan por los derechos de las mujeres. Los/as abogados/as que trabajan en casos de blasfemia hacen frente a constantes amenazas y hostigamiento, y trabajan en un clima de terror.
El número de ejecuciones extrajudiciales de DDH ha disminuido en los últimos dos o tres años en las Filipinas. Sin embargo, el gobierno sigue haciendo blanco de agresiones a quienes se manifiestan públicamente y los difaman acusándolos de estar asociados con grupos armados. Existen temores bien fundamentados sobre la existencia de listas de blancos militares, muchos de los cuales serían DDH. Como consecuencia, muchos de ellos/as continúan alojándose en casas seguras temporarias.
La existencia de listas de DDH en la mira también fue denunciada en Sri Lanka. En marzo de 2010 los medios denunciaron que los Servicios de Inteligencia del Estado habían armado una lista de 35 personas que son percibidas como que apoyan a la oposición y fueron identificados como blanco de ataque. En la lista figuran J. C. Wliamuna, de Transparency International Sri Lanka, Paikiasothy Saravanamutu, del Centre for Policy Alternatives, y varios/as otros/as DDH y periodistas El año 2010 se denunciaron varios casos de agresiones, amenazas y restricciones a la tarea de DDH, especialmente en el norte y en el este
La seguridad de DDH de Vietnam siguen estando muy afectadas por la utilización que hace el gobierno de el sistema legal para suprimir toda forma de disenso. Por lo menos cuatro DDH fueron acusados/as de divulgar propaganda contra el Estado y fueron etiquetados/as como terroristas por hablar en público sobre abusos o criticar las políticas del gobierno.
URGENT CASES
2012/05/10
2012/05/4
2012/05/3
2012/05/1
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NOTICIAS
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ENLACES
- Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
- Diplomacy Training Program
- Asian Human Rights Commission
- Human Rights and Peace Society (Nepal
- Human Rights Commission of Pakistan
- Human Rights Council of Australia
- Human Rights in China (HRIC)
- Shan Women’s Action Network (SWAN) (Burma/Thailand)
- Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM) Indonesia
- Tenaganita SDN BHD (Malaysia)
- Urban Poor Consortium (Indonesia)
- Women’s League of Burma
- Olympic Watch: Human Rights in China and Beijing 2008
