Rodolfo Montiel and Teodoro Cabrera

Los días 26 y 27 de agosto de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia pública sobre el caso del Sr Rodolfo Montiel y el Sr Teodoro Cabrera, dos defensores de los derechos humanos quienes fueron detenidos, encarcelados y torturados por las autoridades mexicanas entre los años 1999 y 2001.

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Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera son defensores de los derechos medioambientales que trabajaban con la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), una organización campesina que lucha contra la explotación maderera excesiva y la destrucción de los bosques del Estado de Guerrero, México.

El 2 de mayo de 1999, aproximadamente 40 elementos del Cuadragésimo Batallón de Infantería del Ejército Nacional entraron violentamente en la comunidad de Pizotla, en Guerrero, y dispararon a un grupo de personas que se encontraban reunida frente a la casa de Teodoro Cabrera.

Como resultado de esta operación, Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel fueron arrestados arbitrariamente, detenidos incomunicado y maltratados por el ejército durante casi cinco días. Los defensores fueron amenazados con su ejecución inmediata en la escena de la detención. Posteriormente, fueron interrogados con violencia durante las dos noches siguientes, durante las cuales fueron torturados. Durante los interrogatorios, los soldados reiteraron las amenazas de muerte, y afirmaron conocer el paradero de los familiares de ambos defensores. Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron interrogados sobre las actividades de la OCESP y acusados de pertenecer a grupos armados. El 4 de mayo fueron traslados en helicóptero hasta la sede del Cuadragésimo Batallón en Ciudad Altamirano, Guerrero, donde fueron forzados a firmar confesiones escritas admitiendo los delitos de plantado de marihuana y posesión de armas de fuego. La noche del 6 de mayo, los dos defensores comparecieron ante la Oficina del Fiscal Federal en Coyuca de Catalán antes de ser trasladados a la Cárcel de Coyuca de Catalán. Al día siguiente comparecieron frente a un juez y fueron acusados formalmente. En junio de 1999, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron trasladados a una cárcel en Ciudad Iguala.

El juicio de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera en el año 2000 fue signado de irregularidades. Se presentaron evidencias de contradicciones en las acusaciones en su contra, y se incluyeron pruebas periciales de la tortura y el maltrato. Sin embargo, el tribunal se negó a excluir las confesiones al no considerarlas inválidas a pesar de haber sido obtenidas bajo tortura. Rodolfo Montiel fue condenado a seis años y ocho meses de encarcelamiento y Teodoro Cabrera a diez años de cárcel.

El caso recibió amplia atención internacional y fue condenado por varias organizaciones de derechos humanos internacionales. Ambos, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera recibieron prestigiosos premios por su labor en la protección de los derechos humanos mientras estaban en la cárcel, y fueron nombrados prisioneros de consciencia por Amnistía Internacional. Como resultado de la publicidad que rodeó el caso, en noviembre de 2001 el Presidente de México ordenó su liberación. Hasta la fecha, no se ha reconocido su inocencia, los responsables de la tortura y maltrato no han sido llevados ante la justicia, no se ha realizado una investigación pública del caso y los dos defensores no han recibido indemnización alguna por los daños sufridos. Ambos defensores han sido forzados a abandonar sus comunidades debido a graves riesgos para su seguridad; Rodolfo Montiel solicitó asilo político en los Estados Unidos.

En el año 2008, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos declaró que el Estado de México había violado los derechos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Sin embargo, el Estado se niega a implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión. Como resultado, se presentó una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se ha previsto una audiencia pública para los días 26 y 27 de agosto de 2010.

Front Line entiende que se trata de un caso emblemático para México, que pone a prueba de manera muy significativa la voluntad del gobierno mexicano de tomar medidas para reducir la violencia contra los defensores de los derechos humanos. Front Line ha venido documentado casos de tortura, maltrato y acoso judicial sufrido por los defensores de los derechos humanos en el país y considera que la buena disposición del gobierno mexicano para cumplir con las recomendaciones en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, podría enviar una importante señal acerca de su voluntad de cumplimiento de sus obligaciones internacionales frente a los defensores de los derechos humanos.